El Territorio como Ámbito Demarcado y Atribuido a un Ente Político

Desde el enfoque político jurídico, el territorio es, junto con  la población y el gobierno, uno de los tres elementos constitutivos del Estado. Constituye la base material sobre la cual el gobierno ejerce su autoridad, y  es el asiento espacial de la soberanía. Desde el enfoque institucional, el territorio proporciona además, el marco dentro del cual se aplican las reglas que adopta el Estado y se cumplen las disposiciones que de ellas emanan, con el fin de lograr el desarrollo y equilibrio territorial del país. 

Desde un enfoque genérico, el territorio se define como el hecho físico, complejo que abarca la superficie terrestre incluyendo los elementos que estén por encima y por debajo de ésta. 

En una visión geográfica, el Diccionario Enciclopédico Océano (1998) lo define como el  “espacio sobre el que se asienta la comunidad nacional”, definición que denota la interacción existente entre el hombre y el medio físico natural, y que se encuentra permanentemente en todas las comunidades humanas. Desde otra perspectiva, el Grupo Aduar (2000: 351) lo define, como el “espacio geográfico atribuido a un ser individual o una entidad colectiva”, definición que refleja implícitamente la percepción e identidad que denotan los individuos y la sociedad en su conjunto, dentro de los límites de su entorno.

Con relación a los hechos humanos, el territorio también alcanza, además del sentido de espacio adscrito y vivido, reflejado en el concepto anterior, un “espacio manejado” adaptado a las necesidades del grupo o sociedad que lo ocupa y lo transforma de acuerdo a sus necesidades cambiantes, en un continuo proceso de arraigo social (Grupo Aduar, 2000), aspecto éste que esta íntimamente relacionado con el término “territorialidad”, que se refiere a las necesidades de espacio de los individuos por razones de identidad, seguridad y estímulo (Johnston, Derek y Smith, 1987).

En este último concepto, se considera que para los seres humanos el territorio puede adoptar diversos tamaños e intensidad, en otras palabras, en el espacio geográfico existen diferentes escalas de territorialidad. En el ámbito más limitado e íntimo, esta la burbuja de espacio personal que rodea permanentemente al individuo, importante para su identidad y seguridad y que, al menos en las denominadas culturas occidentales, se considera “inviolable”. Luego, hay un territorio de interacción en el que tienen lugar la mayoría de los encuentros sociales. No obstante es más importante el territorio doméstico, el marco referencial de conducta diario en el que se desarrolla la mayoría de las actividades y que, por lo tanto, consiste en una serie de lugares discretos conectados por caminos que conducen a estos lugares de actividad (Johnston, Derek y Smith, 1987).

Con referencia a la percepción que los individuos se forman del espacio que ocupan, diversos autores coinciden en señalar que esta no es más que un proceso de evaluación subjetiva de la experiencia del entorno que los rodea, y en el que se revela el producto de sus conciencias hacia los objetos que lo constituyen (Grupo Aduar, 2000. Johnston, Derek y Smith, 1987). Este proceso no sólo condiciona sus actitudes en la vida cotidiana, sino también origina una declinación en el proceso activo de la toma de decisiones, lo cual se convierte en un mecanismo de dirección al momento de actuar ante cualquier fenómeno. 

Con relación a la identidad territorial, que esta estrechamente relacionada con el sentido de pertenencia y percepción descritos en líneas anteriores, ya en los primeros años del siglo XVI los indígenas brasileños definían su identidad a través de la lengua, de las costumbres y del dominio de su entorno inmediato, se organizaban en aldeas o grupos locales, unidas entre sí por lazos de parentesco e intereses comunes relacionados con la naturaleza y la preservación de la integridad tribal (Osorio Machado, 1998).  Esta forma de organización, no difiere en absoluto de la forma como se estructura la sociedad moderna, el principio de los indígenas es el más genérico de los conceptos, por lo que la lengua, las costumbres y el dominio territorial, siguen siendo los criterios para la estructuración de las organizaciones colectivas, como las que se observan en la conformación de los municipios, parroquias y otras entidades territoriales locales en la actualidad.

El territorio como ámbito demarcado y atribuido a un ente político, se convierte en el conjunto espacial que requiere ser administrado o gobernado unitariamente. En este sentido, el territorio alcanza incluso el valor de órgano fundamental para la definición de los estados nacionales, junto al idioma, la cultura y las normas comunes de convivencia (Grupo Aduar, 2000), motivos por los cuales, resulta imprescindible su fortalecimiento como medio físico donde se asientan las comunidades humanas.

Siguiendo los enfoques anteriores, y visualizando a los territorios desde el punto de vista estructural y organizativo, estos se constituyen en entes políticos con el fin de establecer una mejor administración y gestión del espacio que ocupan. En este sentido, alrededor del mundo, especialmente en los Estados Federales, como Venezuela, el espacio se organiza territorialmente en municipios (CRBV, 1999: Art. 16), con el fin de lograr una mayor capacidad en la administración y gestión en los distintos territorios que conforman el espacio nacional. 

En contraste, el municipio es considerado como la unidad territorial básica en la organización y gestión del espacio, y su área de influencia la constituye el ámbito local. En la definición del Grupo Aduar, se considera como una institución política dotada de autonomía para la gestión de los intereses de la colectividad correspondiente y, en consecuencia de personalidad jurídica y plena capacidad para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, el desempeño de estas funciones esta supeditado a leyes, que en la mayoría de los países de sistema federal, son de carácter nacional, es decir, no se focalizan de acuerdo a las condiciones socio territoriales de cada área específica.

El territorio, la población y la organización político administrativa son los elementos constitutivos del municipio. El primero es el ámbito hasta donde llega su jurisdicción y se denomina término municipal. Éste generalmente, posee un núcleo de población agrupado que coincide con la capital y sede de los poderes locales. El término municipal, debe pertenecer a una sola entidad federal o estado y tener continuidad espacial, salvo la existencia de enclaves territoriales (Grupo Aduar, 2000) y los términos municipales conformados por islas.

El municipio también es susceptible de sufrir alteraciones, ya sea por fusión con alguno o algunos municipios limítrofes (distritos metropolitanos), o por segregación de parte de su territorio para crear uno nuevo e independiente (LORM, 1989. CRBV, 1999. Grupo Aduar, 2000. LOPPM, 2005). Con relación a la superficie de los municipios, las áreas que ocupan por lo general son heterogéneas, existiendo municipios de grandes dimensiones territoriales, como de tamaños medios y reducidos. En cualquier caso, la creación o supresión de un municipio es regulada por la legislación respectiva de cada país y al órgano que corresponda emitir su dictamen (Léase también “La creación de nuevos municipios en el marco de la división político territorial y la descentralización político administrativa venezolana”).

El segundo elemento constitutivo, representado por la población, la integran el conjunto social que se encuentra en el término municipal e inscrito en el registro electoral del municipio respectivo (Grupo Aduar, 2000), y es esta quien dinamiza las relaciones espaciales, tanto en el ámbito interno como externo del termino municipal. Por último, la organización político administrativa en el ámbito municipal esta constituida en numerosos países del mundo (entre ellos España, Bolivia, Colombia, Venezuela, etc.) por las parroquias, y se podría considerar que estas entidades locales representan las unidades territoriales básicas de relación social y de vecindario tanto para las comunidades rurales como para las urbanas, y tal como viene sucediendo en Venezuela, éstas deberían ser las unidades territoriales básicas de gestión comunitaria.

REFERENCIAS 

1. Grupo Aduar. (2000). Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenamiento del territorio. Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A.
2. 
   
3. Johnston, R. J., G., Derek. y D. M., Smith (1987). Diccionario de geografía humana (P. Haggett y D. R. Stoddart, Asesores) (G. Luna Rodrigo y M. Mollá Ruiz-Gómez, Trad.) [The Dictionary of Human Geography, (2nd ed.)]. Madrid: Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1981).
4. 
   
5. Osorio Machado, L. (1998). Brasil I. El medio y la historia. (Vol. 2.). En Enciclopedia Encarta, 2000.
6. 
   
7. Constitución Nacional (CRBV). (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinario), marzo 24, 2000.
8. 
   
9. Ley Orgánica del Régimen Municipal (LORM). (1989). Gaceta Oficial de la República de Venezuela.
10. 
    
11. Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM). (2005). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 38.204, Junio 8, 2005.

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• Ivan Armas
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