Los Procesos Vinculados a la Gestión del Desarrollo Territorial y la Participación Ciudadana

La gestión constituye, de acuerdo con el Grupo Aduar (2000), la última fase de los procesos de planificación definidos a partir de la legislación correspondiente a cada país. La gestión del desarrollo, se trata pues, de una competencia de las administraciones públicas, donde es posible además la participación de los agentes locales (sociedad civil, sector privado), en áreas previamente delimitadas (Briceño, 1973. MHCP-C-IGAC, 1997. Boisier, 2000. Machado de Acedo, 2000). En este sentido, es importante considerar que los aspectos relacionados con la gestión local, deben asegurar la preservación del interés público frente al privado y del colectivo ante el individual, tomando en cuenta los aspectos ambientales del área, si se quiere lograr un verdadero desarrollo territorial a partir de la gestión local (Gómez Navas, 1979. Hernández, 1999. Boisier, 2000).

Así, de acuerdo con los aspectos anteriores, el principal elemento tanto del desarrollo territorial como para los municipios o cualquier otro ente con autonomía político administrativa, son sus habitantes, identificados de un modo objetivo por la posesión de un vínculo especial de pertenencia y relación con un territorio, que se origina por la residencia permanente o circunstancial en el ámbito espacial que lo delimita (Johnston, Derek y Smith, 1987. MHCP-C-IGAC, 1997. Grupo Aduar, 2000. Boisier, 2000. Machado de Acedo, 2000. González Mariño, 2003).  

El concepto anterior se encuentra estrechamente relacionado con el término comunidad, que se define como un conjunto de individuos que comparten un espacio común, y presentan vínculos de identidad permanentes con respecto a él (FIDA, 1996. En González Mariño, 2003). Asimismo, la Ley Especial de los Consejos Comunales (LECC, 2006: Art. 3 Num. 2) la define como el conglomerado social de familias y ciudadanos que habitan en una misma área geográfica determinada y comparten una historia, necesidades, potencialidades e intereses comunes.

Es entonces la comunidad el factor integrador más importante dentro de un territorio y por ende dentro de cualquier entidad político territorial, como ente que lo delimita, y puede decirse que su bienestar es la tarea principal en la gestión del desarrollo local, que se quiere establecer con la existencia de los municipios en espacios territoriales locales de cada país.

Por su parte, el desarrollo local se define, como un proceso de crecimiento y cambio estructural basado en sistemas flexibles de producción que siguen causas de localización difusa (Antonio Vásquez, 1996. En González Mariño, 2003). Este concepto presenta una fuerte connotación económica, lo que limita su aplicación al no poder contemplar los aspectos sociales en la dinámica económica en la que se genera el proceso citado por el autor. 

Respecto a la apreciación anterior el autor agrega que en el desarrollo local se presenta la necesidad de adoptar un modelo económico sustentable en el largo plazo, basado en el aumento de la competitividad de los sistemas productivos localizados, y en la mejora de la accesibilidad y conectividad del sistema urbano y territorial, con lo cual se hace indispensable la ejecución coordinada de inversiones sobre la base de un sistema de transporte y de comunicaciones que estructuren el territorio, sin lo cual no es posible dicho desarrollo (léase también “Los recursos del territorio. Oportunidades para impulsar el desarrollo local” Págs. 29-32). 

Por su parte, González Mariño (2003) considera que el desarrollo comienza y termina con el ser humano, el que a su vez es quien toma la iniciativa y las decisiones, y en definitiva es su beneficiario. En el mismo sentido, Albuquerque (1977) (citado por González Mariño, 2003) considera que la dimensión sociocultural del desarrollo consiste en la movilización del potencial creativo de la población local en términos de confianza y receptividad a las ideas y propuestas innovadoras. Así mismo considera que para que un proceso de desarrollo local genere cambios es preciso que sea participativo y concertado.

Otra definición es la dada por el Programa para la Promoción del Desarrollo Humano Sostenible a Nivel Local en Centroamérica / Progress (PDHSL/Progress) donde se considera que el desarrollo local es el proceso de promover el cambio social y la lucha contra la pobreza, a partir de la persona en el marco de sus realidades territoriales concretas y específicas (PDHSL/Progress, 1998:16. En González Mariño, 2003: 8).

Tal como puede desprenderse, los dos últimos conceptos citados reflejan la participación social y su vinculación con el territorio, haciendo un énfasis implícito en la capacidad creadora del individuo (en los dos primeros conceptos) y su percepción hacia las realidades territoriales (en el tercero), y aunque no reflejan directamente el aspecto económico del desarrollo local,  se entiende su vinculación al analizar que todo proceso que promueva “cambios” necesariamente tiene implícitos todos los aspectos que éstos requieren para generarse. 

Por otra parte es importante aclarar que estos conceptos sobre el desarrollo local no se limitan al ámbito local como un todo, sino a sus relaciones con ámbitos territoriales mayores que incluyen la región y el país.

La iniciativa que plantea el desarrollo local en muchos países del mundo, suele corresponder a la administración municipal, que busca mediante la aplicación de políticas públicas y planificación con repercusiones territoriales, la concertación económica y social para reconocer y poner un valor a los recursos endógenos, entre los que el territorio propio cuenta como uno de sus principales (léase también “Los recursos del territorio. Oportunidades para impulsar el desarrollo local” Págs. 29-32). 

Por su parte, las políticas públicas vinculadas al territorio, o políticas de ordenación del territorio como las denomina Hildenbrand (1999), constituyen un conjunto de políticas encaminadas a la planificación, coordinación, regulación y compatibilización de los usos y funciones que coexisten en un determinado territorio. En otras palabras, las políticas de ordenación del territorio, son un conjunto de disposiciones legales, planes, programas y actuaciones que de manera integrada, desarrolla un gobierno de modo que las actuaciones territoriales respondan a los deseos de bienestar y en general, a mejorar y elevar la calidad de vida de la población, tanto individual como colectivamente, y por ende el desarrollo territorial en cualquiera de sus ámbitos de aplicación (nacional, regional, estadal, local, urbano, rural, comunal, etc.) (Rodríguez García, 1983. Hildenbrand, 1999. Anzola Nieves, 2003). 

En el sentido anterior, Rodríguez García (1983) (citado por Anzola Nieves, 2003) señala que la posibilidad de actuar con criterios de ordenación territorial, la ofrece el reconocimiento de un patrón de asentamientos humanos, que arroja como expresión la existencia de un sistema de ciudades, siendo las agrupaciones humanas según relata el autor, el elemento central que justifica la aplicación de políticas públicas de índole socio territorial. 

En este sentido se entiende, que la ordenación del territorio materializada a partir de la planificación territorial, es una materia que por su objeto y complejidad escapa de la competencia de las administraciones locales, sin embargo, su participación en la práctica es de vital importancia para una efectiva aplicación de los planes y programas de desarrollo territorial en el ámbito local.

 Siguiendo la discusión, el desarrollo territorial se define como la “distribución óptima del desarrollo en el ámbito total que corresponde la condición del territorio” (Grupo Aduar, 2000). Este concepto tiene tres ideas principales: las del equilibrio territorial, la del desarrollo endógeno y la del desarrollo sustentable.

Con la primera se pretende, que cada parte predefinida de un territorio cuente con las dotaciones que posibiliten la igualdad de oportunidades de todos los habitantes respecto al acceso a bienes y servicios básicos, y que eliminan los obstáculos indeseados para el desarrollo económico (Grupo Aduar, 2000). Esto es muy importante entenderlo con claridad, ya que usualmente se confunde la visión del equilibrio territorial, con una distribución estadística por unidad de superficie. Por ejemplo en Venezuela, históricamente la distribución de los ingresos por transferencias y otras modalidades se realiza tomando en cuenta las estadísticas poblacionales emitidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y no por el grado de necesidades reales de la población, que se percibe como lo más racional y equilibrada.   

La idea del desarrollo endógeno unida al territorio sostiene que cada ámbito o parte de él puede aspirar a un nivel económico que se base en sus potencialidades y se produzca mediante la utilización racional de sus propios recursos. Finalmente, la unión de este concepto al desarrollo sustentable expresa la necesaria consideración de la especificidad o singularidad natural de cada territorio con relación a los objetivos de crecimiento económico convencional, y a la utilización con previsión de su necesidad también para las generaciones futuras (Grupo Aduar, 2000).

Tomando en cuenta los aspectos anteriores se considera que si se logra una verdadera cohesión del territorio y se minimizan los desequilibrios territoriales en beneficio de la población, no implicando esta idea, la eliminación de la diversidad territorial [1], se conformará una mejor organización del territorio para su óptima gestión y administración por parte de los entes gubernamentales que se creen para tal fin.

Finalmente, el municipio como ente político de gestión y administración del territorio, proporciona una mayor eficacia para la protección del ambiente por estar su radio de acción más localizado que otros niveles del poder público. Sin embargo, para el caso específico de la protección ambiental todos los niveles de gobierno deben cooperar (LOAP, 2001: Art. 24), para lograr una gestión completa sobre el territorio, para lo cual deben ser delimitadas las funciones de cada nivel de la administración pública, tanto en sus responsabilidades como en su financiamiento. También en la ejecución de programas sociales, el municipio se ha perfilado, como el nivel de gobierno, con mayor expectativa para lograr la optimización en la gestión, administración y distribución de los recursos a la población.

[1]   Singularidad que cada ámbito logra en una especial interrelación de características y procesos naturales, históricos o culturales (Grupo Aduar, 2000)

REFERENCIAS 

1. Grupo Aduar. (2000). Diccionario de geografía urbana, urbanismo y ordenamiento del territorio. Barcelona, España: Editorial Ariel, S.A.
2. 
   
3. Briceño, W. (1983). Papel Del Estado en el proceso de desarrollo y ordenación del territorio Serie IV, La Dinámica social y la actividad económica. Caracas: MARN, Dirección General Sectorial de Planificación y Ordenación del Ambiente (DGS-POA), Sistemas Ambientales Venezolanos, Proyecto VEN/79/001.
4. 
   
5. Ministerio de Hacienda y Crédito - Colombia - Instituto Geográfico “Agustín Codazzi”, (MHC-C-IGAC). (1997). Bases conceptuales y guía metodológica para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental. Santa Fe de Bogotá: Autor. 
6. 
   
7. Boisier, S. (2000). Sociedad civil, participación, conocimiento y gestión territorial. En C. Mascareño, (Coord.), (pp. 83-115).
8. 
   
9. Machado de Acedo, C. (2000). Los gobiernos locales: participación ciudadana y democracia. En C. Mascareño, (Coord.), (pp. 197-230).
   
10. 
    
11. Gómez Navas, O. (1979). Administración municipal y urbanización en Venezuela. Caracas: Universidad Simón Bolívar, Editorial Equinoccio.
12. 
    
13. Hernández, A. (Coord.) (1999). La Descentralización. Dialogo para el Desarrollo. (2ª. Ed.). Caracas: PNUD, BM, BID, Editorial Nueva Sociedad.
14. 
    
15. Boisier, S. (2000). Sociedad civil, participación, conocimiento y gestión territorial. En C. Mascareño, (Coord.), (pp. 83-115).
16. 
    
17. Johnston, R. J., G., Derek. y D. M., Smith (1987). Diccionario de geografía humana (P. Haggett y D. R. Stoddart, Asesores) (G. Luna Rodrigo y M. Mollá Ruiz-Gómez, Trad.) [The Dictionary of Human Geography, (2nd ed.)]. Madrid: Alianza Editorial. (Trabajo original publicado en 1981).
18. 
    
19. González Mariño, R. (2003). Participación y descentralización: comunidades rurales. Caracas: CENDES, Serie mención publicación.
20. 
    
21. Ley Especial de los Consejos Comunales (LECC). (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, marzo, 2006.
22. 
    
23. Anzola Nieves, A. (2003, diciembre). La política territorial en el marco jurídico institucional. (Compendio). DAC-UCLA [Página Web en línea]. Disponible: http://www.ucla.edu.ve/dac/compendium/Revista11/01-Aurora-2.pdf [Consulta: 2007, febrero 14, 21:41pm]. 
24. 
    
25. Hildebrand S., A. (1999). La política territorial y desarrollo regional en Europa: una visión comparada. Revista Ciudad y Territorio. XXX-122. España.
26. 
    
27. Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP). (2001). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 37.305, octubre 17, 2001.

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• Ivan Armas
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