Aspectos Generales sobre la Administración y Gestión Pública del Territorio

En 1996, en el marco de la II Conferencia Mundial de Hábitat, los países que hicieron parte de las comisiones, coincidieron en la necesidad de promover el uso óptimo de la tierra productiva en áreas urbanas y rurales, así como también promover la protección del ambiente y los ecosistemas frágiles en las áreas expuestas a los efectos negativos de la actividad humana, a la vez que se desarrolla y garantiza la implementación de mejores prácticas de administración del territorio (Unchs, 2001).

Lo anterior implica una reconceptualización en torno a la relación hombre-medio, pasando de ser una mercancía, a un elemento esencial que debe ser usado por los Estados Nacionales para asegurar por medio de sus administradores públicos (en todos los niveles descentralizados del Estado), el desarrollo humano sustentable. 

Ahora bien, la relación entre los seres humanos y el territorio es de fundamental importancia para todas las sociedades humanas, hecho que se evidencia, entre otras razones, en la forma de la tenencia de la tierra. Desde el punto de vista del papel del Estado en la administración del territorio, ésta relación ha evolucionado de diversas maneras a través del tiempo, desde el control total del Estado, pasando por formas comunitarias de propiedad, hasta los esquemas de propiedad individual, estos últimos más comunes en los países capitalistas y de economía mixta del mundo. Estás diversas tendencias han variado dependiendo de las características culturales y de los niveles de conflicto que se generen en una parte del territorio en particular, dependiendo de su uso y la forma de poblamiento de su espacio (Dale y McLaughlin, 1999). 

La fuerte concentración de la población en torno a las grandes ciudades, constituye un rasgo determinante, del desarrollo capitalista global, de nuestro tiempo. Un fenómeno que en términos generales ha sido causal de devastadoras consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales en numerosos países subdesarrollados alrededor del mundo. Consecuencias que se manifiestan en elevados niveles de conflictos socio territoriales, tanto en los medios urbanos, como suburbanos y rurales de estos países (La Ciudad-Región Posible, s/f). 

Esta realidad socio territorial de los conglomerados humanos en un espacio geográfico determinado, por una parte, sobrepasa los límites de la entidad político administrativa local de la cual depende directamente, y por otra, la heterogeneidad física del territorio, la dispersión de la población, el emplazamiento humano en territorios con características de fragilidad ambiental, la tendencia actual hacia la concentración económica urbana y la limitada gestión de los gobiernos locales en el ámbito de su jurisdicción, han originado una “nueva realidad territorial”, no contenida por los órdenes jurídicos nacionales, estadales y locales, y escasamente discutidos como un fenómeno geográfico (La Ciudad-Región Posible, s/f. Barrero, 1997). La existencia de una multiplicidad de jurisdicciones en el espacio político territorial, en países de carácter federal como Venezuela, no coordinadas o insuficientemente coordinadas, sumada a una atomización de la autoridad estatal en los diversos niveles de gobierno, se plantea como uno de los elementos más conflictivos para la gobernabilidad y la gestión integral del territorio, motivos por los cuales resulta imperante desarrollar debates serios sobre la reestructuración político administrativa de los territorios en todos los ámbitos geográficos del país. 

Los diferentes ámbitos territoriales de la administración pública, precisan del estudio sistemático y multidisciplinario de las problemáticas socio territoriales en todos los ámbitos geográficos de un país. De hecho, las expectativas de mayor gobernabilidad que tienen las entidades político administrativas sobre los territorios, dependen en gran medida, del uso que le den sus equipos técnico-políticos a la observación, interpretación y descripción de la realidad territorial, para el diseño e implementación de políticas públicas acertadas. Esta realidad territorial compleja, exige del administrador público, la comprensión de los conceptos fundamentales del territorio, en cualquiera de sus ámbitos (nacional, regional, urbano, rural, local y(o) comunal), las cuestiones esenciales de la práctica administrativa en el sector público, la coyuntura política del territorio a gestionar, y las posibilidades normativas de la administración y gestión territorial. 

Para complementar lo anterior, se cita como ejemplo, la complejidad institucional de los territorios ocupados por los grandes centros de decisión política y económica. Son innumerables los casos de decisiones públicas que se toman en las ciudades centrales y que afectan negativamente al territorio de las áreas periféricas y a la calidad de vida de su población. A su vez, es igualmente conocida la situación de los habitantes de las zonas periféricas que trabajan y(o) usan los servicios de la ciudad central, pero en muchas ocasiones sus intereses no están representados en los órganos de gobierno, ni forman parte de los procesos de toma de decisiones públicas del mismo (Barrero, 1997). 

En este sentido, es necesario buscar respuestas institucionales para hacer frente a los grandes desafíos de este fenómeno socio territorial, tales como el fortalecimiento de las bases sociales y su impulso hacia una mayor participación en los asuntos de su interés, la mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos comunes, la coordinación en la formulación y ejecución de políticas públicas, la planificación del uso del espacio geográfico, la promoción de la calidad de vida y la superación de los desequilibrios regionales, entre otros. 

Así mismo, si el objetivo fundamental de los programas públicos de ordenación territorial, es el desarrollo equitativo y sustentable, los responsables de la administración pública, a través de las herramientas de administración y gestión territorial, deben revisar los procedimientos convencionales de regularización de normas relacionadas con el territorio, orientados por lo general, a una fuerte centralización de las actividades, para dar paso hacia nuevas formas de administración territorial que contemplen una verdadera descentralización en la ejecución de actividades dentro del ámbito territorial correspondiente.

Estas “nuevas formas de administración territorial”, al menos en el ámbito local, deben reorientarse hacia una clara definición de las competencias, los recursos y la autoridad entre los distintos niveles de gobierno, las instituciones públicas relacionadas con el territorio y las comunidades organizadas, de manera que no se dupliquen algunas funciones, ni se olviden o se subvaloren otras, igualmente esenciales. Adicionalmente a un eficaz marco global de competencias, es necesario disponer en el ámbito local, de la capacidad institucional y profesional necesarias para gerenciar el territorio, sobre la base de un financiamiento constante y suficiente.

REFERENCIAS

1. Unchs. (2001). Cities in a Globalizing World. Global Report on Human Settlements 2001. London. En La Ciudad-Región Posible. (s/f).
2. 
   
3. Dale, P. y J. McLaughlin. (1999). Land Administration. Washington: Oxford University Press. En La Ciudad-Región Posible. (s/f).
4. 
   
5. Barrero, Ma. C. (1997). Las Áreas Metropolitanas. Sevilla: Editorial CIVITAS. Primera Edición. En La Ciudad-Región Posible. (s/f).
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• Ivan Armas
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